El 50,4% de la población no sabe qué es la revolución, según sondeo de Perfiles de Opinión en Quito y Guayaquil
El
presidente Correa habló con Diario EL UNIVERSO. Cree que el 2008 será
un gran año y anuncia que cumplirá su mandato, así pierda en el
referéndum.
Con los nervios de una estudiante de colegio que
va a conocer sus notas de grado, pero con la responsabilidad de
sostener un hogar. Con evidente angustia y una impaciencia en
ebullición, Mariana Quintero busca su nombre en la cartelera de corcho
entre decenas y decenas.
Son 134 dirigentes de la parroquia Febres Cordero solo en su hoja.
¡Ahí está! La número 80 de la lista.
Quintero,
casi al borde de la euforia, no puede alegrarse más al ver su
calificación: ¡100 sobre 100! No es que haya aprobado alguna materia o
un curso, no.
Contrario a lo que parece, la cartelera de corcho
no está precisamente en un plantel, sino rodeada de banderas y
carteles de un sonriente Rafael Correa, en la central de Acuerdo
PAIS, en Esmeraldas y Gómez Rendón.
Luego de meses y meses de
trabajo a favor del Gobierno, ese “100 sobre 100”, cuenta Quintero, le
permitirá –a ella y a quienes obtengan más de 70 puntos– acceder a un
contrato en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). “Es
un trabajo por ocho meses y un sueldo de $ 500 si le toca en Guayas o $
650 si sale de la provincia. El 15 de enero llaman para otra prueba”,
relata la mujer –fichada en los registros de PAIS como parte de la zona
272– que rindió ese examen en la Universidad de Guayaquil, en
diciembre.
El lunes, los dirigentes de PAIS de la Tarqui; el
martes, los de la Febres Cordero; y así... “Fue una semana. Un día para
cada parroquia. Solo de la Ximena fuimos 300”, cuenta otra líder
barrial que pide la reserva.
Ella, al igual que Quintero, cree
en el régimen y en su llamada revolución ciudadana, el eje y proyecto
político del Gobierno que este martes cumple su primer año de
ejecución.
“La victoria de los pobres”, “el pueblo al poder”,
“los beneficios para los sectores populares”, “los derechos del
ciudadano común”, “la derrota de la partidocracia”, “el castigo para
los ricos”, “el retorno de la patria”...
Con diferentes tonos y
concepciones, los adeptos describen la revolución. Y las definiciones
en las voces de los ciudadanos en las calles –desde los jóvenes
hasta los jubilados, amas de casa o profesionales– son tan
exhaustivas como dispares.
Mientras unos hablan desde su
convicción política –y dejan colar su fascinación por Alfaro, el Che
Guevara o la receta ecuatoriana de la “revolución bolivariana”–, otros
se limitan a las acciones. Karen Guillén y Marcia Macías dan cuenta de
ello.
No tienen las comodidades que quisieran, pero aquella
revolución les cumplirá una de sus aspiraciones: tener casa propia en
terreno propio, gracias a la legalización que –refieren– iniciará el
Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) en predios que cederá
la entidad.
Guillén y Macías, como decenas de simpatizantes del
movimiento oficial, se acomodan por estos días en los terrenos
ubicados al sur de El Recreo, en Durán. Si bien hay quienes habitan
ahí de manera informal desde hace más de una década, también hay
quienes llegan al apuro desde otros puntos de la ciudad –incluso de
Guayaquil– para, tras un diálogo con los dirigentes, ser admitidos en
la conformación de nuevas cooperativas. La última: Nuevo Horizonte 2.
“Tenemos
que tener listo todo hasta el 28 que viene el INDA a censarnos para
dar las escrituras y poder acceder al bono de la vivienda. Creemos en
esta revolución ciudadana porque los que llegamos aquí hace años
fuimos engañados y hoy el Gobierno está haciendo justicia al
legalizarnos y no cobrar nada”, dice el dirigente Abraham Granado.
Con
una camiseta que pierde el rostro de Correa entre las manchas de
grasa que le deja su labor de mecánico, Miguel Mieles repite el
discurso de otros tantos seguidores. Le dice “compañero” al Mandatario,
habla con reiteración de la “mala prensa” y defiende la revolución
que, para él, es “el triunfo del pobre para desaparecer al rico y que
el reparto sea equitativo”.
Mieles mantuvo abierta una central
de PAIS en la manzana 304 de El Recreo y hoy agradece que dos de sus
hijos (Xavier y Ramón) puedan levantar sus viviendas en los predios
que –confía– legalizará el régimen. “Por eso aquí todos vamos el
19 a la marcha del Gobierno. Estamos agradecidos, ¿verdad,
compañeros?”, pregunta mientras el resto apuntala sus casas con cañas.
Todo
empieza, de manera oficial, el 15 de mayo del 2006. Correa, aún
precandidato, presenta un plan de gobierno marcado por una oferta
principal: la revolución ciudadana. Son cinco sus ejes programáticos:
la ‘Revolución constitucional’, la ‘Revolución contra la corrupción’,
la ‘Revolución en educación y salud’ y la ‘Revolución por la
integración latinoamericana’.
Según Betty Amores, asambleísta,
secretaria de Correa “de toda la vida” y subdirectora nacional de PAIS,
estos cinco ejes “son los que enhebran toda la propuesta del plan que
está ejecutando la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades)”.
Fander
Falconí, a cargo de ese organismo, lanza su propia definición,
aunque habla de un trabajo a largo plazo. “Es el proceso de
transformación del Estado teniendo como base un nuevo modelo de
desarrollo con principios de justicia y equidad”.
Pero uno de
los andamios de esta revolución –término descrito por la Real Academia
de la Lengua como un “cambio violento en las instituciones políticas,
económicas o sociales de una nación” o “cambio rápido y profundo”– es
la práctica populista, opina el analista Simón Pachano, catedrático
de la Flacso.
Cifras oficiales dan una muestra de ello. Solo en
el 2007, el Estado destinó $ 3.229 millones para subsidios y para el
2008 proyecta $ 3.909 millones, los montos más altos en los últimos
cinco años, según datos del propio Ministerio de Economía.
En el
2003, este rubro llegaba a $ 916 millones; de ahí subió a $ 1.206
millones (2004), $ 1.825 millones (2005) y $ 1.900 millones (2006). En
apenas un año, el actual régimen casi duplicó las subvenciones hasta
llegar prácticamente al 40% del presupuesto consolidado del Estado.
La
cifra incluso sube al añadir los bonos de la vivienda que el
Ministerio no contabiliza como subsidios ($ 180 millones en el 2007),
aunque sí lo hace, por ejemplo, con el bono de desarrollo. Además, se
han destinado más de $ 500 millones a emergencias dictadas vía decreto.
“Los
subsidios que van directamente a las personas, como los bonos, sí
tienen un papel político, pero me parece que el apoyo que logra
Correa, más que por la revolución ciudadana, obedece a la
insatisfacción de la gente con la política que se ha venido haciendo
hasta el momento, aunque el Gobierno ha hecho lo mismo que los
partidos, pero con un discurso crítico hacia ellos”, opina Pachano.
Para
él, los precios del petróleo (que llegó a $ 100 el barril) explican
en gran medida el apoyo. “El Gobierno logra cohesionar una base por
medios clientelares, al haber conformado redes manejadas por los
hermanos (Ricardo y Raúl) Patiño”.
Aunque la analista y
editorialista Carol Murillo, catedrática de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE), asegura “no descartar” la existencia de
estas prácticas políticas tradicionales, muestra una visión más. “El
Gobierno tiene pocas cosas con las cuales defenderse, a más de eso.
Para su desgracia, recurre a ciertas prácticas anteriores, pero hace
esfuerzos. No es fácil”. Es decir, ¿el fin justifica los medios?
Prefiere no caer en definiciones maquiavélicas.
También hay
seguidores como Silvia Delgado, una mujer desempleada que reside en
una casa de caña en Lomas de la Florida. La situación de su familia no
ha cambiado en términos económicos, pero aun así ella y su esposo
–también sin trabajo formal– trabajaron “desinteresadamente” en la
campaña de PAIS porque dicen creer que su revolución algún día
mostrará sus frutos. “Gastábamos luz y hasta poníamos comida porque
afiliábamos a la gente”, cuenta.
Cerca de ahí, en la cooperativa
Balerio Estacio, una historia con otros contrastes. María
Sánchez, embarazada de su quinta hija, se asoma al balcón “decorado”
con un afiche de Correa para decir que apoya el cambio, sí, pero ella
–empleada de una familia “pelucona” de Urdesa, donde gana $ 250 al
mes– cree que no debe incentivar más odio entre los pobres, una
característica que ve en esta revolución.
“Donde trabajo me
tratan bien y me voy a las dos de la tarde por mis niñas. Aunque por
mi embarazo ya no he ido, igual me mandan el sueldo”, comenta.
Son
las historias de los adeptos a la revolución. Unos convencidos del
proyecto político. Otros seducidos por las ofertas. Como dos caras de
una moneda lanzada al aire que aún, un año después, no toca piso para
ver qué bando le gana terreno al otro.